Julho 16, 2022
Do Lecturas Anarquicas
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Los primeros años de conflictividad antiestatal desde la vuelta a la democracia

La lucha anticapitalista no se detuvo con la desarticulación de los grupos político militares de los ’80-’90, más bien, la vuelta a la democracia no hizo más que propiciar el rebrote de distintas tendencias revolucionarias caracterizadas en su mayoría por ser expresiones autónomas contrarias a los partidos políticos, dentro de las cuales los entornos ácratas y antiautoritarixs fueron asumiendo un papel fundamental a partir del desarrollo de diferentes instancias organizativas y de propaganda.

En ese sentido, la regeneración de los grupos libertarios se desarrolló principalmente través de la propaganda y el contacto entre los viejos militantes y las nuevas generaciones. Es así como, por ejemplo, es posible advertir en la Revista El Irreverente, de junio de 1993, una breve nota biográfica de Cosme Paules, militante libertario que combatió con Durruti en la Guerra Civil española y que luego de un largo exilio por América, se estableció en Chile, participando activamente del movimiento libertario local. Además, dicho ejemplar da cuenta en un apartado del material recibido, entre los cuales destacan los periódicos Acción Directa n°1 (Febrero ‘91) y Acción Libertaria n°6 (Noviembre ’92).

En Santiago los intentos organizativos de esos primeros años lograron consumarse en la creación de la Federación Anarquista Libertaria (FAL) creada con “el anhelo de coordinación para los grupos e individualidades activas en la escena ácrata de esta ciudad”, pero prontamente este esfuerzo organizativo “se fue disgregando por las contradicciones en su seno, entre sectores que ponían en primer lugar el enfrentamiento y la lucha callejera, y otros más preocupados por la organización formal y lograr cierta respetabilidad política para el incipiente movimiento anarquista de esos años”.

Por otra parte, un importante papel cumplieron los distintos grupos anticapitalistas que se desarrollaron en los espacios universitarios, como, por ejemplo, La Punta, la Vanguardia, el Cordón Macul, la Resistencia Autónoma Estudiantil (RAE), la Coordinadora Revolucionaria del Pedagógico (CRP), todos caracterizados por desarrollar enfrentamientos callejeros contra la policía y difundir comunicados y panfletos con distintas consignas revolucionarias, pero que de manera transversal exigían la libertad de lxs presxs políticxs. Al mismo tiempo, en la difusión de las ideas libertarias se desarrollaron una serie de iniciativas de propaganda a través de fanzines, muchas veces vinculados directamente a los grupos de lucha callejera, como por ejemplo El Estopín (vocero de la Federación antes señalada), El Francotirador o el pasquín Todos Moriremos.

Pero la respuesta del Estado no se hizo esperar y en la conmemoración del 11 de septiembre de 1998 caía en las barricadas de la población La Pincoya la compañera Claudia López. La editorial de la edición n°6 del fanzine El Francotirador se referirá a la compañera como “una luchadora que pertenecía a la Coordinadora Revolucionaria del Pedagógico, una minoría activa que plantea la unidad de acción de anarquistas y marxistas, la acción directa como forma de lucha, la autogestión y la solidaridad…”.

Sus compañerxs, organizados para conmemorar los 20 años de su asesinato son claros al afirmar respecto a la muerte de la compañera que:

“(…) la chica [como le decían] haya estado esa noche en la Pincoya no obedece a la casualidad o algún momentáneo impulso rebelde sino a una decisión y a un camino trazado desde hace años en luchas y enfrentamientos callejeros, tanto en universidades como en distintas poblaciones, de igual forma en su activa participación en coordinaciones combativas, aunando fuerzas entre distintas experiencias autónomas y luchas antiestatales”.

Bajo estas condiciones, los primeros años del nuevo milenio estuvieron marcados por el avance en la lucha por la liberación de los presxs políticxs de la Cárcel de Alta Seguridad, alcanzando su máxima tensión en abril de 2004 cuando estos, iniciaron una huelga de hambre por beneficios intra-penitenciarios que se tradujo en una serie de manifestaciones de apoyo y solidaridad en el centro de Santiago con diversos enfrentamientos callejeros, además de la quema de un local de Mc Donald’s y un cajero en Santiago, y producto de ataques con explosivos, la destrucción de un banco en la misma ciudad y parte de un oleoducto en Talcahuano. Finalmente, “el 10 de agosto de 2004 se promulgó la ley que otorgó la libertad a un gran número de presxs políticxs, pero aún quedaban algunos casos especiales que no pudieron acceder a este beneficio”.

A fines de ese mismo año la crítica a la globalización y a las políticas imperialistas de EEUU tuvieron su prueba de fuego con la Cumbre Internacional del APEC, donde la posición libertaria no se hizo esperar. Ya para julio la publicación Rojoscuro anunciaba la realización de esta Cumbre tras afirmar que “ya se vislumbra y organiza la subversión contra esta cumbre (…) Nos referimos a los que desde ya conspiran contra la agenda de encuentros del capital Internacional”, siendo el preámbulo de múltiples enfrentamientos contra la policía en el centro de Santiago. Uno de los panfletos de esos días, firmado por el grupo Ideácrata, señala “Ni Bush, Ni APEC, Ni Capitalismo. Exigimos la libertad, pero no se la exigimos a las autoridades sino a todos los oprimidos por el sistema económico y la jerarquía social”.

Como consecuencia de los enfrentamientos de estos años, es que el Estado responderá modificando la Ley de Control de Armas y Explosivos, tipificando la bomba incendiaria tipo “molotov” como un arma, estableciendo penas entre 3 años y un día a 10 años, contra quienes fueran detenidxs portando o sorprendidxs lanzando artefactos incendiarios.

La agudización del conflicto y el desarrollo de ataques explosivos

Así las cosas, el año 2005 marcó una diferencia en la forma de actuar de los grupos revolucionarios tras desarrollarse una decena de ataques con artefactos explosivos a distintos símbolos del poder y el capital, pero también porque dentro de la diversidad de reivindicaciones es posible identificar una clara presencia anarquista. Por ejemplo, en el atentado contra el Banco Santander ocurrido el 6 de julio, que destruyó su infraestructura a pesar de ser detectado por el GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales), además de encontrar panfletos que exigían la libertad de los presxs políticxs, estos fueron firmados por la Brigada Luigi Luccheni, reivindicando la figura de un anarquista de acción que dio muerte en 1898 a la emperatriz Isabel de Baviera Sissí, en Génova.

Fue que partir de ese año que, la violencia política de carácter anarquista fue marcando una clara distancia con los antiguos grupos marxistas-leninistas, pues en cuanto a medios y fines, “los anarquistas construyen organización horizontal y buscan la destrucción del Estado y la autoridad. Al interior de estas orgánicas no existen dirigentes, mandos altos ni mandos medios. Los organigramas de las anteriores estructuras son inaplicables a esta nueva realidad”.

Si bien durante el año siguiente se desarrollaron la misma cantidad de ataques con explosivos además de dos ataques incendiarios, es preciso hacer un par de distinciones. En primer lugar, el año 2005 la mayoría de los objetivos fueron entidades financieras, mientras que, el año 2006 se atacan con explosivos más instituciones ligadas al Estado, como, por ejemplo, la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), El Consejo de Defensa del Estado, la sede nacional de Gendarmería y la Provincial de Educación. En segundo lugar, si el año 2005 tres de los diez atentados fueron adjudicados, al año siguiente fueron ocho de diez ataques, siendo tres de ellos reivindicados por las Fuerzas autónomas y destructivas León Czolgozc (el ataque a la ANI, a un banco -por la columna internacionalista-, y contra la Catedral Castrense), quienes llevan su nombre para reivindicar la figura del anarquista de origen polaco que dio muerte al presidente de Estados Unidos William McKinley el año 1901. A su vez, otros ataques también reivindicaron a anarquistas de acción como Antonio Román Román, Miguel Arcángel Rosigna y Tamayo Gavilán.

En ese sentido, el contenido de los panfletos encontrados también da cuenta de una acción antiestatal. Por ejemplo, el panfleto del atentado a la ANI dirá “(…) con este ataque evidenciamos que la ‘inteligencia’ del Estado es tan frágil y destructible como estos cristales rotos”. Por su parte, los panfletos encontrados en el ataque contra el Banco de Chile, del 16 de julio de 2006, señalan que “El ser humano siempre ha querido y querrá vivir en libertad. Esta guerra social la ganaremos. La insurrección libertaria ocurrida en España en 1936 no ha terminado…. ¡A las Barricadas!”.

Prontamente se hizo ver la respuesta a las distintas expresiones de violencia política por parte del Estado, encabezado por el gobierno socialista de Michelle Bachelet. Tras el ataque explosivo contra la ANI el gobierno advirtió que “la justicia indagará quienes son, que creen que hay otro código; un código distinto al diálogo razonado y civilizado. (…) en Chile los vamos a erradicar y el que insista en ello se enfrentará a la justicia”. Y ese año la respuesta del Estado no se hizo esperar.

Pues fue a partir del ataque con una bomba incendiaria a una de las ventanas del palacio de gobierno, en el marco de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, que el Estado dio inicio no solo a una nueva ofensiva represiva, sino que recurrió a las viejas prácticas utilizadas para desarticular a los grupos político-militares, recurriendo a un viejo conocido de principios de los ’90 el entonces subsecretario de Interior, actual Ministro del Interior de Bachelet, Belisario Velasco, para responder por dicho ataque.

Así, la madrugada del 26 de septiembre fue allanada por Carabineros del GOPE la okupa “La Mansión Siniestra” ubicada en el centro de Santiago. Dicho allanamiento resultó ser un festín mediático tras describir el espacio como una “fábrica de bombas molotov”, al mostrar decenas de botellas de vidrio vacías, mucha propaganda anárquica, lienzos, libros y fotografías. Del allanamiento resultaron seis anarquistas detenidxs y procesadxs por asociación ilícita, tenencia de artefactos incendiarios y receptación, pero tras derrumbarse gran parte de las acusaciones, consiguieron salir a la calle.

El trasfondo de dicha jugada represiva estuvo en la utilización de los medios de comunicación como forma de criminalización de los Centros Sociales Okupados, espacios de encuentro, difusión de ideas y prácticas de libertad y resistencia anticapitalista, siendo el primero de muchos hostigamientos mediáticos, policiales y jurídicos en contra de estos espacios y sus ocupantes, hasta el punto que cuatro años más tarde, estos, en las alucinaciones del fiscal Peña, encargado de la operación Salamandra que dio inicio al Caso Bombas, constituyeron verdaderos “centros de poder”, punto al que nos referiremos más adelante.

Sin embargo, la violencia política expresada a través de la furia incontenible de los bombazos no solo no pararía, sino que se intensificaría en los años siguientes a partir de la proliferación de los grupos afines y las ideas insurreccionalistas. Durante el año 2007 se atacaron tres sedes de partidos políticos: la juventud del Partido Socialista, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana, todos partidos de la coalición de gobierno. El primero de ellos, adjudicado por el grupo Fuerzas Autónomas y Destructivas León Czolgosz, señala:

“(…) Desde los comienzos de esta dictadura ‘democrática’ y capitalista, el partido socialista ha sido el encargado de traicionar, boicotear, encarcelar y asesinar a los jóvenes luchadores de los años 90 en adelante, convirtiéndose en los herederos aplicados de la dictadura militar.

Estos socialistas de partido son los que hoy se jactan de su opresiva labor señalando que su accionar criminal ‘no ha causado ninguna muerte’ desde sus gobiernos concertacionistas: Cristian Castillo, Claudia López, Andrés Soto Pantoja, Alex Lemún, Ariel Antonioletti, Daniel Menco. Todos ellos, son solo algunos de los [que] han caído bajo sus cobardes balas”.

Por otra parte, este año estuvo marcado también por el desarrollo de asaltos a entidades bancarias. El primero fue el asalto al Banco Santander, el 9 de septiembre, mientras que, el segundo al Banco Security, el 18 de octubre. Si bien dichos asaltos no fueron adjudicados, por estas expropiaciones y tras la persecución desatada producto de la muerte del Cabo Luis Moyano, son acusados y condenados varios compañeros tras un largo proceso judicial. En la actualidad, dos de ellos siguen en prisión: Juan Aliste Vega y Marcelo Villarroel.

A su vez, a fin de año, con motivo la conmemoración de los 100 años de la matanza de la Escuela Santa María el 21 de diciembre de 1907, es que durante el mes de diciembre se reivindicaron 3 ataques con explosivos, dos de ellos por el Grupo de ataque anticapitalista mártires de la Escuela de Santa María. El otro, por la Federación Revuelta. Sección antipolicial Antonio Ramón Ramón, que tras el ataque a la 18 Comisaría de Ñuñoa, en su comunicado advertía:

“A 100 años de la masacre de la escuela santa maría de Iquique, grupos autónomos contra el capital y el Estado.
Multipliquemos los bombardeos que destruyen los muros de este podrido mundo.
Fuerza a la destrucción del Estado, fábrica de cadáveres.
Aquí estamos. 100 años después”

En un proceso paralelo, los Centros Sociales comenzaron también a radicalizar sus posiciones ya sea por un proceso reflexivo propio, o bien, empujados por los hechos. Tal es el caso del espacio La Casita ubicada en Pudahuel, luego de la muerte del anarquista Jonny Cariqueo:

“Después de la muerte de Jonny, el proceso de tensionar ideas y cuestionarnos nuestras prácticas, reflexionando lo vivido, nos empujó a dejar atrás distintos conceptos que ya no nos satisfacían, como el de ‘popular’. Comprendimos que es una idea muy vaga o ambigua cuando se busca la confrontación con el poder”.

Jonny fue un compañero anarquista cercano a este Centro Social que murió producto de las torturas policiales, al ser detenido luego de una marcha conmemorativa el día del joven combatiente del año 2008, como represalia directa del poder tras la muerte de un policía en los enfrentamientos del 11 de septiembre pasado, en la misma comuna. Esto llevó a sus compañeros a reivindicar su figura y tener todo un proceso de discusión interna que los llevó a asumir un acercamiento a las ideas y prácticas libertarias.

En ese mismo sentido, la propaganda antiautoritaria de esos años da cuenta también de este proceso. Varias son las publicaciones que discuten ideas y prácticas como la afinidad, la organización informal, la lucha anticarcelaria y la solidaridad con los presxs políticxs, Del mismo modo, los espacios autónomos se conforman como espacios donde se practican estas ideas: la organización es informal y por afinidad, se dan una serie de discusiones y conversatorios de distinta índole, se desarrollan actividades solidarias con lxs presxs y las bibliotecas tienen puntos de acopio para sus encomiendas.

Y los ataques siguen. En el segundo semestre del 2008 se producen la misma cantidad de atentados que en todo el año 2006. Iglesias, bancos, consulados, comisarías y el Club Social de la PDI. La mayoría son reivindicados por grupos que se denominan insurreccionales. Por ejemplo, el atentado al Consulado argentino, fue adjudicado por la Célula insurreccional Ravachol, en directa solidaridad con los compañeros Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, detenidos en dicho país luego de pasar a la clandestinidad. En su comunicado se afirma que “(…) La solidaridad deja de ser una palabra cuando esta se materializa en actos de combate, que van directos contra los intereses capitalistas y sus instituciones”.

Con todo, a fines de año se dará un hecho particular, con la adjudicación del doble atentado perpetrado por las Columnas armadas y desalmadas Jean Marc Roullian contra una sucursal de Movistar y la Automotora Derco Center, que denunció la aparición del llamado Frente Anarquista Revolucionario (FAR) organización que aparece a mediados de ese año y que, es cuestionada abiertamente por reivindicar hechos inexistentes con un lenguaje contradictorio y por lo menos, cuestionable.

La muerte de un compañero en acción y la articulación del Caso Bombas

Hasta aquí, la respuesta del poder no pasaba más que por declaraciones de las autoridades repudiando los hechos, al mismo tiempo que presionaba a la fiscalía Oriente, encargada de la investigación, para que hallara a lxs responsables. Por otra parte, se utilizaba el diario el Mercurio como portavoz de las diligencias. Así, por ejemplo, este medio, dirá el 4 de diciembre del año 2008, que “(…) Efectivos de Inteligencia de Carabineros ya tienen detectados a, al menos, cuatro grupos anarquistas ligados a la serie de bombazos efectuados en la capital…”.

Pero el año 2008 finaliza con las declaraciones a la policía de Gustavo Fuentes Aliaga, alias “El Grillo”, conocido traficante de drogas de Macul con Grecia, autodenominado anarquista, detenido tras apuñalar a su pareja la noche del 31 de diciembre. En sus declaraciones afirmó haber realizado algunos ataques con bombas y tener antecedentes para localizar a lxs sospechosxs de estos. Con estos datos, en vísperas de año nuevo, fueron allanadas cinco okupas con la excusa de dar con su paradero. No obstante, al mismo tiempo que se requisaban distintas pertenencias para las indagatorias, todas ellas sin resultados, dicho personaje permanecía en dependencias de la policía. En consecuencia, se abrió una línea investigativa que relacionaba directamente los ataques con los Centros Sociales Okupados.

En la desesperación de la Fiscalía y la prensa por hallar responsables, la tesis anteriormente señalada se reforzó con la muerte del compañero Mauricio Morales, la madrugada del 22 de mayo, al estallar aceleradamente el artefacto explosivo que dirigiría contra la escuela de Gendarmería. Mauricio participaba en distintos Centros Sociales y Bibliotecas Autónomas, la mayoría ocupadas. Por lo que, ese mismo día, nuevamente distintas okupas del centro de la ciudad fueron allanadas. Esta vez un compañero del CSO La Idea fue detenido, luego de que la policía encontrara pólvora en una habitación. Este no fue el caso de la Biblioteca antiautoritaria Sacco y Vanzetti, espacio que resistió al allanamiento en conjunto con lxs anónimxs solidarixs que se agolparon en las afueras hasta la madrugada, resultando de los enfrentamientos 9 compañerxs detenidxs.

A decir de lxs compañerxs de Mauricio Morales, en el libro llamado Mauri… La ofensiva no te olvida:

“Mauri era, es, un compañero anarquista, en realidad aprendiz de anarquista como burlonamente le gustaba llamarse. Un hermano que a lo largo de su vida atravesó por distintas etapas, cruzando tendencias y aristas en la crítica al capital, el Estado y la autoridad. Partidario de la organización social, de la organización de masas, derivó a lo largo de los años en la construcción de planteamientos tendientes a la afinidad y la libre asociación. Ya en el último momento de su vida se consideraba a si mismo como individualista antisocial, abrazando la idea nihilista”.
 
Como un presagio de acontecimientos posteriores el periódico Peste Negra anunciaba la presencia de agentes de la policía y jueces italianos en el país durante el año 2008 a propósito de los ataques con explosivos. Dicha estadía se relaciona con la asesoría prestada acerca de los sucesos represivos ocurridos en Italia con el Caso Cervantes y Marini (por el fiscal Antonio Marini), que luego de 10 años de investigación (1994-2004) terminó condenando a casi una decena de compañeros por asociación subversiva con fines terroristas, tras decenas de ataques a distintas instituciones del Estado y símbolos de la Unión Europea.

Más interesante resulta aún que mucho antes que se concretara el Caso Bombas y la Operación Salamandra que le dio origen, esta publicación tal vez sin vislumbrarlo, publicó en su artículo un extracto de la revista Conspiración editada en España, que analizaba el caso Marini, siendo un claro ejemplo del actuar del poder en Italia y posteriormente en Chile:

“El problema es evidente. El Estado no logra identificar a los responsables materiales de las acciones de ataque producidas en el pasado, así como no les será fácil identificar a los responsables materiales de otras acciones de ataque que sufrirá en el futuro. Viceversa, le es extremadamente fácil conocer quien las sostiene abiertamente. Ante la imposibilidad de detener la acción, al Estado no le queda cosa que intentar inmovilizar la idea, en la vana esperanza de que de esta manera se ponga fin también a la primera.

Las autoridades del Estado inventan entonces la existencia de una organización militar estructurada en dos niveles, uno público y legal al que pertenecerían numerosos anarquistas conocidos por su actividad, el otro, oculto e ilegal, al cual pertenecerían todos los anarquistas ya detenidos por otros motivos, al cual poder atribuir los gestos de revuelta que, por la simplicidad de los medios usados, pueden haber sido cometidos por cualquiera. De este modo se castiga por segunda vez a los anarquistas detenidos, considerados responsables de haber llevado a cabo la acción, y al mismo tiempo se puede reprimir también al que difunde abiertamente la idea. He aquí el porqué de la prisa del fiscal Marini en especificar que no se trata de un proceso a las ideas, cuando en realidad es de esto mismo de lo que se trata. La única cosa compartida por los anarquistas imputados en este proceso es la idea anarquista, y no la militancia en una organización armada específica que por otra parte nunca ha existido”.

Visto de este punto de vista, el Caso Bombas era la crónica de una muerte anunciada. Pero los ataques seguían e incluso eran más osados, como, por ejemplo, el ataque al Club Balthus y al gimnasio Sport Life, el 11 de agosto, o al Hotel Marriot, sucedido el 3 de noviembre, o a la Iglesia de los Sacramentinos el 21 de noviembre, etc. El poder no tenía cómo parar esta ofensiva y tanto la prensa como el gobierno presionan a la fiscalía. De esto da cuenta el diario El Mercurio, en palabras del Ministro del Interior, Patricio Rosende, al afirmar que:

“(…) ya llevamos demasiado tiempo sin resultados concretos; a nosotros nos gustaría que las fiscalías nos proporcionaran o nos pidieran mayores antecedentes. Por su parte, los fiscales insistieron en que hasta ahora, los indicios aportados por la policía uniformada son difusos y no tienen el sustento necesario para conseguir que un juez avale una acusación en contra de determinadas personas”.

No obstante, nuevamente los Centros Sociales fueron atacados por medio de allanamientos, esta vez el 11 de diciembre, bajo pretexto de desarrollarse elecciones presidenciales libre de manifestaciones, pero los objetos allanados y mostrados como evidencia a través de la prensa no eran más que libros, revistas y material político de diversa índole. Desde esta perspectiva, su objetivo era mostrar una vez más la relación entre las okupas y los ataques con explosivos, atacando directamente a estos espacios y con ello, a las ideas y prácticas de libertad.

En este contexto, es que resulta electo como presidente Sebastián Piñera y con el cambio de coalición de gobierno también se propició un cambio en la línea investigativa. Para ello, se cimentó un escenario de críticas a través de la prensa luego del ataque a una sucursal bancaria ubicada a pocas cuadras del domicilio del presidente, a principios de junio de 2010. En respuesta, el nuevo Ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter afirmó que “(…) Creo que en materia de bombas hemos ido con una investigación más lenta de lo que los chilenos necesitan. Le tengo temor de que nos acostumbremos a vivir en una sociedad en la cual se ponen bombas. Yo no quiero que el día de mañana tengamos que lamentar no haber sido más enérgicos y más firmes con este tipo de delincuencia, con este tipo de terrorismo”.

Una semana después el mismo medio anunciaba a Alejandro Peña como el nuevo fiscal encargado del proceso. Si bien este cambio de Fiscalía tuvo un argumento jurídico, en términos políticos el cambio de fiscal representó un sombrío cambio en la línea investigativa que se tradujo en aplicar la figura de asociación ilícita ocupada en contra de organizaciones de narcotraficantes para desarrollarla en contra de los Centros Sociales y los entornos antiautoritarios. Para ello la prensa fue implacable, semanalmente se publicaban listas de sospechosos, se revelaban sus perfiles, creaban líderes ficticios ligados a organizaciones subversivas, etc. Lo que la Fiscalía Oriente no se atrevió a hacer en más de 5 años por falta de pruebas, la Fiscalía Sur lo hizo en menos de dos meses.

El resultado quedó a la vista la madrugada del 14 de agosto de 2010, día en que se desarrolló una de las operaciones represivas más grotescas de los últimos años. 14 compañerxs fueron detenidos en múltiples allanamientos, dando inicio a toda una campaña por la libertad de las compañerxs presxs que terminaría años más tarde con todxs ellxs en la calle. […]

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Fragmento tomado de ACONTRATIEMPO Revista del Archivo Histórico La Revuelta. Año III. N°3. Segundo Semestre 2020. Santiago, región chilena.




Fonte: Oscurodeseo.blackblogs.org